Malvinas: el Gobierno activa sanciones y amplía el presupuesto de Defensa
El Gobierno de Javier Milei avanzó con nuevas medidas para fortalecer la posición argentina en el Atlántico Sur, luego del mensaje presidencial en cadena nacional por la cuestión Malvinas. Dos decretos publicados en el Boletín Oficial introdujeron cambios que apuntan tanto al financiamiento de Defensa como al control de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.
El DNU 867/2026 modificó partidas del Presupuesto 2026 para ampliar los recursos destinados al área de Defensa. La norma no especificó el porcentaje del incremento, pero justificó la decisión en la necesidad de garantizar el funcionamiento de servicios y organismos estatales vinculados con esa área.
En paralelo, el Decreto 868/2026 otorgó nuevas herramientas a la Cancillería para controlar posibles operaciones de exploración o explotación de hidrocarburos que se realicen sin autorización argentina. La medida pone el foco en la aplicación de la Ley 26.659, que establece sanciones frente a este tipo de actividades.
Desde ahora, los organismos de la Administración Pública Nacional deberán comunicar a la Cancillería, en un plazo máximo de cinco días hábiles, cualquier situación que pueda estar alcanzada por esa legislación.
La cartera de Relaciones Exteriores podrá iniciar investigaciones administrativas y notificar a los presuntos infractores, quienes tendrán diez días para presentar su descargo y aportar pruebas. Cumplida esa etapa, contará con otros diez días para resolver si corresponde cerrar el expediente o aplicar una sanción.
El nuevo esquema también alcanza a empresas vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al sector de hidrocarburos. Las compañías deberán declarar que no participan ni participarán en actividades prohibidas por la normativa sobre explotación de recursos en la plataforma continental.
De esta manera, el Ejecutivo busca combinar el reclamo diplomático por la soberanía de las Malvinas con mecanismos económicos, administrativos y legales destinados a proteger los recursos estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.