Financiamiento universitario: la Corte frenó un pedido del Ejecutivo nacional
La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo presentado por el Gobierno nacional en la causa vinculada al financiamiento universitario y dejó firme la continuidad del expediente impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La resolución, firmada el 4 de junio, desestimó la queja presentada por el Estado luego de que fueran rechazados distintos pedidos de recusación contra jueces que intervienen en el proceso judicial. El Ejecutivo buscaba apartar al magistrado Diego Martín Cormick y a un integrante de la Cámara Contencioso Administrativa Federal por desempeñarse como docentes en universidades públicas.
El conflicto judicial se originó tras el amparo colectivo impulsado por rectores y autoridades universitarias contra el decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la existencia de recursos presupuestarios específicos.
Las universidades reclamaron que se garantice el cumplimiento de la norma y que se asignen los fondos necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones y recomponer salarios docentes.
En su fallo, la Corte consideró que ejercer tareas académicas en universidades nacionales no constituye una causal suficiente para apartar a un juez. Según sostuvo el tribunal, no existe un interés personal y directo que comprometa la imparcialidad de los magistrados cuestionados.
Además, el máximo tribunal recordó que las recusaciones y excusaciones deben aplicarse de manera excepcional para no afectar el principio del juez natural ni alterar el normal funcionamiento del sistema judicial.
La Corte también rechazó el intento del Estado de pedir que los propios ministros del tribunal se apartaran de la causa por tener vínculos académicos con universidades públicas. Los jueces señalaron que esa facultad no puede ser impulsada por las partes del proceso.
Finalmente, el máximo tribunal concluyó que el recurso presentado por el Gobierno no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, por lo que decidió desestimar la presentación. De esta manera, la causa continuará avanzando con los mismos magistrados que habían sido cuestionados por el Poder Ejecutivo.