El Gobierno prepara una amplia reforma para desregular sectores clave de la economía
El Ejecutivo nacional elabora un nuevo paquete de reformas orientado a profundizar la desregulación de distintos sectores económicos. El borrador, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, todavía no ingresó al Congreso, pero ya genera expectativa y cuestionamientos entre las actividades alcanzadas.
La propuesta contempla cambios en el mercado inmobiliario al flexibilizar los requisitos para ejercer como corredor y eliminar los valores de referencia para las comisiones, que pasarían a definirse por acuerdo entre las partes.
También plantea liberar el mercado del gas envasado mediante la eliminación del marco regulatorio vigente, dejando sin efecto herramientas estatales vinculadas al control de precios, abastecimiento y subsidios.
En el plano comercial y cultural, el proyecto elimina normas que hoy regulan el precio de venta de los libros y deja sin vigencia la obligación de realizar en el país el doblaje de producciones audiovisuales extranjeras destinadas a televisión.
Otra de las modificaciones alcanza a las farmacias. De aprobarse la iniciativa, los medicamentos de venta libre podrán ofrecerse en otros comercios, mientras que las farmacias estarán autorizadas a vender tanto productos con receta como de venta libre a través de plataformas digitales y con servicio de entrega a domicilio.
El sector agropecuario también figura entre los principales destinatarios de la reforma. El texto elimina exigencias para la fabricación local de productos veterinarios importados, modifica el financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y desregula los contratos de arrendamiento rural.
En la actividad vitivinícola, el borrador propone la eliminación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), transfiriendo sus recursos al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), además de simplificar controles sobre la producción de vino.
La iniciativa también introduce cambios en el transporte por agua, habilitando una mayor participación de embarcaciones extranjeras en el cabotaje nacional y modernizando los procedimientos administrativos del sector. Si finalmente es presentada, la propuesta abrirá una nueva discusión sobre el alcance de la desregulación económica impulsada por el Gobierno.