Universidades públicas lograron un acuerdo, pero sigue el reclamo judicial
El Gobierno nacional y las universidades públicas alcanzaron este miércoles un acuerdo que busca aliviar el conflicto salarial y presupuestario que afecta al sistema universitario desde hace más de dos años. El entendimiento incluye aumentos para docentes y no docentes, refuerzo de fondos operativos y nuevas partidas para becas y hospitales universitarios, aunque las autoridades académicas advirtieron que el reclamo judicial por mayor financiamiento seguirá en marcha.
La negociación fue encabezada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representantes gremiales. Como resultado, se estableció una recomposición salarial total del 24,33%, distribuida en dos etapas: una suba principal en junio y otra complementaria prevista para octubre.
El incremento más importante será del 21,33% y se calculará sobre los salarios vigentes a mayo, mientras que el ajuste restante se aplicará durante el último trimestre del año. Las partes acordaron además retomar las reuniones paritarias de manera periódica para revisar la evolución de la inflación y actualizar los haberes si fuera necesario.
El convenio también contempla un aumento del 20% en los recursos destinados al funcionamiento diario de las universidades nacionales. A esto se suma una mejora en las Becas Manuel Belgrano y un aporte extraordinario para sostener la actividad de los hospitales universitarios, que venían reclamando asistencia financiera adicional para garantizar prestaciones y servicios.
Desde el ámbito gremial señalaron que el acuerdo representa un alivio parcial luego de meses de protestas y movilizaciones en defensa de la educación pública. No obstante, remarcaron que todavía persiste una fuerte pérdida del poder adquisitivo y que la situación presupuestaria continúa siendo delicada.
Por su parte, los rectores universitarios confirmaron que mantendrán la presentación judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y frenada tras el veto presidencial. Según indicaron, el objetivo es obtener una solución estructural que garantice previsibilidad económica para las universidades nacionales.