Tras ser expulsado, el enviado iraní advierte: “Las decisiones de Milei tendrán consecuencias”
El conflicto diplomático entre Irán y Argentina sumó un nuevo capítulo tras la expulsión del encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, quien cuestionó con dureza la decisión del gobierno de Javier Milei de declararlo persona non grata y exigir su salida del país en un plazo de 48 horas.
La medida fue comunicada por la Cancillería argentina como respuesta a un pronunciamiento de Teherán, que había criticado la decisión de Buenos Aires de incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica dentro de su lista de organizaciones terroristas.
Antes de abandonar el país, el diplomático expresó su rechazo a la decisión y advirtió sobre sus consecuencias. “Expulsar al único diplomático no beneficia a Argentina, sino que agrava la situación”, sostuvo. Además, apuntó contra lo que consideró un alineamiento del gobierno argentino con Estados Unidos e Israel.
En ese contexto, también cuestionó declaraciones recientes del presidente Milei vinculadas al conflicto internacional con Irán. “No es una decisión soberana sumarse a una guerra ilegal contra toda norma internacional”, afirmó, en referencia al conflicto iniciado el 28 de febrero tras un bombardeo que, según indicó, provocó la muerte del ayatolá Alí Jamenei.
El funcionario advirtió que, incluso sin una participación militar directa, el posicionamiento político argentino puede tener impacto. “Aunque no tengan capacidad de enviar tropas, solo decirlo tiene consecuencias. Las decisiones del Presidente pueden generar efectos concretos”, remarcó.
Asimismo, criticó las condiciones en las que se dispuso su salida del país. Según explicó, el plazo de 48 horas coincidió con un fin de semana largo, lo que dificultó la organización de cuestiones administrativas como contratos, cuentas y pasajes. “Solicitamos una prórroga, pero fue rechazada”, sostuvo.
Desde el Gobierno argentino defendieron la medida amparándose en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que permite declarar persona non grata a un representante extranjero sin necesidad de ofrecer explicaciones formales.