Régimen Penal Juvenil: el Gobierno reglamentó el sistema que alcanza a adolescentes desde los 14 años
El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a tomar forma operativa con la reglamentación de la Ley 27.801. El Gobierno de Javier Milei definió cómo se aplicarán las nuevas disposiciones para adolescentes de entre 14 y 18 años y estableció una estructura que combina seguimiento judicial, intervención de distintos organismos estatales y asistencia a las víctimas.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. A partir de ahora, el Ministerio de Justicia será el encargado de conducir la implementación del régimen en la Justicia nacional y federal.
Uno de los puntos que adquiere mayor importancia será el control de los adolescentes durante el proceso. Para eso, la reglamentación incorpora un sistema de supervisores especializados, que deberán acompañar cada caso y verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas por los jueces.
Los profesionales que quieran desempeñar esa función deberán contar con formación vinculada a áreas como psicología, trabajo social, educación o abordaje de adicciones, además de experiencia laboral y capacitación específica en justicia penal juvenil. Justicia tendrá hasta 180 días para realizar la primera convocatoria destinada a conformar el registro definitivo.
El Gobierno también diseñó una estructura de coordinación para evitar que la aplicación del régimen quede limitada al ámbito judicial. Una Mesa Federal permitirá reunir a Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para establecer criterios comunes y avanzar en acuerdos de cooperación.
A esto se suma un comité integrado por los ministerios de Justicia, Seguridad, Capital Humano y Salud. Su función será coordinar recursos y políticas relacionadas con prevención, cumplimiento de las medidas, atención de los adolescentes y procesos de reinserción.
La reglamentación incorpora además un capítulo específico para las víctimas. El Estado deberá facilitar asistencia psicológica y social y articular mecanismos para que puedan acceder al patrocinio jurídico gratuito.
Otro cambio estará relacionado con la información judicial. Las condenas firmes dictadas bajo el nuevo régimen serán incorporadas a una sección especial del Registro Nacional de Reincidencia. Los datos tendrán carácter reservado y solamente podrán ser consultados por quienes estén autorizados.
Con estas disposiciones, el Gobierno terminó de establecer buena parte de las herramientas administrativas necesarias para aplicar el régimen que fija en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. La puesta en marcha requerirá ahora la coordinación entre la Justicia, organismos nacionales y las distintas jurisdicciones del país.