PAMI detecta red de fraude en prestaciones oftalmológicas en todo el país

El PAMI destapó un esquema de irregularidades en servicios oftalmológicos que, lejos de ser aislado, se repite en distintas regiones del país. Una auditoría interna detectó prácticas sistemáticas como facturación inflada, prestaciones que nunca se realizaron y cobros indebidos a jubilados.

El relevamiento se apoyó en el análisis de las Órdenes Médicas Electrónicas y controles prestacionales, lo que permitió identificar patrones similares en varias provincias. Entre las anomalías más frecuentes aparece la sobrefacturación de lentes: se indicaban anteojos de bajo costo pero se cobraban como productos de alta gama, generando diferencias significativas en los montos abonados por el organismo.

También se comprobaron consultas y estudios sin respaldo clínico, uso incorrecto de códigos médicos para aumentar los valores facturados y derivaciones sistemáticas hacia ópticas específicas, en algunos casos con vínculos directos entre profesionales y comercios.

Otra de las prácticas más graves afecta directamente a los afiliados: muchos fueron inducidos a pagar por lentes que deberían haber recibido sin costo, bajo el argumento de acceder a una mejor calidad. Mientras tanto, el prestador facturaba al PAMI por una prestación básica, duplicando el ingreso.

Los casos relevados muestran la magnitud del problema. En distintas jurisdicciones se detectaron cientos de irregularidades concentradas en pocos profesionales o centros, con recetas sin datos médicos consistentes e incluso sin parámetros básicos como la graduación.

Estas maniobras forman parte de un entramado más amplio de fraude vinculado al sistema electrónico del organismo, que ya dio lugar a investigaciones judiciales. Algunas causas avanzan en la Justicia federal, donde se analizan esquemas de emisión de recetas falsas y uso indebido de datos de afiliados.

Frente a este escenario, la actual conducción del organismo reforzó los controles, implementó monitoreos permanentes y estableció sanciones para los prestadores involucrados. El objetivo, según indicaron, es frenar los abusos y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los jubilados sin afectar la cobertura.