Mercedes Rus defendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en Mendoza tras un fallo porteño
El nuevo Régimen Penal Juvenil abrió un nuevo frente de discusión entre la Justicia y las provincias. En Mendoza, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, ratificó que la Provincia aplicará el esquema nacional que establece responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años, luego de que una jueza de la Ciudad de Buenos Aires declarara inconstitucional su aplicación en un caso particular.
La funcionaria cuestionó la decisión de la jueza Laura De Marinis, quien sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de participar en un intento de robo. Rus sostuvo que una ley aprobada por el Congreso no debería quedar sujeta a que cada magistrado determine si corresponde aplicarla y afirmó que Mendoza ya trabaja bajo el nuevo esquema.
El fallo porteño, sin embargo, no anuló la Ley 27.801 en forma general. La resolución se limitó al adolescente involucrado y tuvo en cuenta las circunstancias específicas del caso, entre ellas que se trató de un intento de robo que no llegó a concretarse. La Justicia porteña señaló además que la declaración de inconstitucionalidad estuvo vinculada con el principio de proporcionalidad y el interés superior del niño.
La Ley 27.801 entró en vigencia el 5 de septiembre de 2026 y establece un régimen penal específico para personas de entre 14 y 17 años. La normativa fue reglamentada mediante el Decreto 875/2026, que fijó mecanismos de coordinación entre el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales.
En Mendoza, la discusión pasa ahora por la adecuación de las normas y procedimientos locales. El Ejecutivo provincial impulsó un proyecto para establecer el funcionamiento del régimen en la provincia, que obtuvo media sanción del Senado el 15 de septiembre, con 25 votos afirmativos y 10 abstenciones, y continúa su recorrido en Diputados.
Mientras avanza ese debate legislativo, Seguridad y Justicia ya modificó la estructura policial destinada a intervenir en casos que involucren a niños y adolescentes. La reorganización contempla una conducción provincial y divisiones territoriales para Centro, Este, Valle de Uco, Sur y General Alvear.
El objetivo es concentrar la coordinación de los procedimientos y establecer criterios comunes para la actuación policial. Las unidades deberán intervenir cuando sea necesaria una respuesta especializada y garantizar condiciones diferenciadas para los adolescentes, incluyendo privacidad, trato digno y separación de personas adultas privadas de la libertad.
La nueva estructura también contempla capacitación permanente del personal en régimen penal juvenil, derechos de niños y adolescentes, manejo de crisis, prevención de violencias y procedimientos específicos.
De esta manera, mientras el fallo de Buenos Aires vuelve a poner bajo discusión la aplicación concreta del nuevo régimen, Mendoza avanza en paralelo con la adecuación de su legislación y con una estructura policial específica para atender los procedimientos que involucren a adolescentes.