Mendoza modificó la ley 6722 y fijó nuevas reglas para el uso de armas por parte de la policía
La Legislatura de Mendoza aprobó una reforma a la Ley 6722 de Seguridad Pública, que regula el funcionamiento de la Policía provincial. Los cambios buscan precisar en qué situaciones los efectivos pueden recurrir al uso de su arma reglamentaria, especialmente cuando exista riesgo para la vida.
Uno de los puntos centrales es la definición del concepto de “peligro inminente”, condición que habilita el uso de fuerza letal. Hasta ahora la ley contemplaba el uso de armas de fuego en casos de legítima defensa, protección de terceros o ante amenazas graves contra la integridad física, pero no establecía con claridad cuándo se considera que ese peligro es inmediato. La reforma intenta reducir esas zonas grises que muchas veces quedaban sujetas a interpretaciones posteriores.
La nueva normativa también fija pautas más claras sobre la identificación del agente y la advertencia previa antes de disparar. En principio, el policía deberá identificarse y advertir antes de utilizar su arma, aunque se contempla una excepción cuando hacerlo pueda poner en riesgo al propio efectivo o a terceros.
Además, la reforma refuerza el rol preventivo de la policía, detallando tareas de control, vigilancia y prevención de conflictos en espacios públicos.
Otro punto relevante es la posibilidad de convocar a policías retirados para cumplir funciones dentro de la fuerza. Si son llamados para tareas de conducción o cargos directivos, podrán percibir hasta el 100% del sueldo correspondiente a su último grado. En cambio, si cumplen funciones administrativas o de apoyo, la remuneración podrá alcanzar hasta el 80% de ese salario.
El proyecto fue presentado por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo media sanción en Diputados, fue modificado en el Senado y luego aprobado de forma definitiva con 33 votos a favor, 7 en contra y 3 ausencias. El oficialismo acompañó la iniciativa, mientras que el peronismo votó en contra.