La Ley de Ciberseguridad dio un paso clave y se debatirá en el Senado
El proyecto del Ejecutivo superó una nueva instancia legislativa y quedó listo para ser discutido en el Senado. La iniciativa incorpora herramientas para prevenir y responder a ataques informáticos.
La propuesta de Ley de Ciberseguridad impulsada por el Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso en la Legislatura al obtener el aval de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Con este respaldo, el expediente podrá ser debatido por los senadores en la sesión prevista para el martes próximo.
Antes de emitir dictamen, los legisladores recibieron a representantes de la Universidad Champagnat, quienes acercaron un análisis técnico elaborado con la participación de expertos en seguridad informática. El documento respaldó la creación de un marco normativo para proteger los sistemas públicos, aunque sugirió realizar precisiones sobre la estructura que conducirá la política provincial y la distribución de responsabilidades entre los organismos involucrados.
Durante el debate también se introdujeron cambios al texto original. Uno de los principales establece que la aplicación obligatoria de la futura ley alcanzará únicamente al Poder Ejecutivo, mientras que los demás poderes del Estado podrán incorporarse mediante representantes en el Comité Provincial de Ciberseguridad. A su vez, se prevé que los municipios adhieran de manera voluntaria a los lineamientos generales.
El bloque de Fuerza Patria anunció que presentará una propuesta alternativa para su tratamiento en el recinto, por lo que el Senado analizará más de una iniciativa vinculada a la protección de los sistemas digitales.
La norma propone crear un esquema provincial destinado a coordinar la prevención, monitoreo y respuesta frente a incidentes informáticos. Entre otras medidas, prevé auditorías periódicas, planes de contingencia, capacitación para el personal estatal, mecanismos para reportar vulnerabilidades y la conformación de equipos especializados para actuar ante ciberataques. También incorpora obligaciones para las empresas que prestan servicios tecnológicos al Estado y fija sanciones en caso de incumplimiento.