La Legislatura dio un paso clave a la Ley Antiaguantaderos
Con mayoría de votos, la Cámara de Diputados de Mendoza habilitó el avance legislativo de un proyecto impulsado por el Ejecutivo para crear un régimen que permita intervenir inmuebles relacionados con hechos delictivos. La iniciativa, conocida como Ley Antiaguantaderos, superó su primera instancia parlamentaria y ahora deberá ser analizada por el Senado.
La norma propone incorporar una herramienta administrativa destinada a actuar sobre propiedades que hayan sido abandonadas, usurpadas o convertidas en puntos de funcionamiento de bandas criminales. De acuerdo con el Gobierno provincial, la finalidad es evitar que esos lugares continúen siendo utilizados para el narcotráfico, el almacenamiento de elementos ilegales o la planificación de otros delitos.
A diferencia de los procedimientos judiciales tradicionales, el proyecto establece un esquema de intervención a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia. Las actuaciones podrán iniciarse por iniciativa del propio organismo, a pedido de la Justicia o tras presentaciones realizadas por municipios, entidades públicas o vecinos.
Entre las facultades previstas figuran el bloqueo de ingresos, la clausura preventiva de las instalaciones y, en situaciones excepcionales donde exista un riesgo concreto para la seguridad, la remoción parcial o total de la estructura. El texto también fija una serie de requisitos previos, como informes técnicos, identificación del propietario y la posibilidad de que éste presente un descargo, salvo en casos de urgencia.
Durante la discusión en el recinto, los bloques que respaldaron la propuesta afirmaron que la medida permitirá recuperar inmuebles que hoy representan un foco de inseguridad y devolver tranquilidad a las zonas afectadas. Además, remarcaron que el proyecto no altera la titularidad de los bienes, sino que busca impedir su utilización para actividades ilícitas.
Desde la oposición surgieron cuestionamientos por el alcance de las atribuciones que recibiría el Poder Ejecutivo. Legisladores del PJ y de Fuerza Patria sostuvieron que decisiones de alto impacto, como una demolición, deberían contar con autorización judicial y advirtieron que la iniciativa deja aspectos abiertos a la interpretación administrativa.
El proyecto recibió 34 votos afirmativos y 10 negativos. Los diputados Jorge Difonso y Rolando Scanio, de La Unión Mendocina, acompañaron la propuesta en términos generales, aunque se diferenciaron al momento de votar algunos artículos. El debate continuará ahora en la Cámara de Senadores, donde se definirá su aprobación definitiva.
Diputados de Mendoza dio media sanción a la Ley Antiaguantaderos, que habilita la intervención de inmuebles vinculados al delito. El oficialismo defendió la iniciativa, mientras la oposición cuestionó sus alcances. El proyecto pasó al Senado.