Financiamiento universitario: la Justicia dejó sin efecto el decreto del Gobierno
La Justicia Federal ordenó al Gobierno nacional poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario y dejó sin efecto el decreto que había condicionado su aplicación a la existencia de partidas presupuestarias específicas.
La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, al resolver el amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y dispuso el cumplimiento inmediato de la ley, junto con la reglamentación y las medidas necesarias para ejecutarla. Entre sus disposiciones se encuentran partidas para el funcionamiento de las universidades y la recomposición de los ingresos de docentes y trabajadores no docentes.
En su resolución, Cormick cuestionó que el Poder Ejecutivo haya utilizado un decreto para postergar una norma que había sido aprobada por el Congreso luego de rechazar el veto presidencial. Para el juez, ese mecanismo terminó funcionando como una instancia de veto que no está contemplada por la Constitución.
El fallo también relativizó el argumento del impacto fiscal y señaló que, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de aplicar la ley durante 2025 representaba alrededor del 0,23% del PBI nominal proyectado.