Ecogas reclamó $13.000 millones por Zona Fría y la Justicia rechazó el amparo
Un reclamo de casi $13.000 millones quedó fuera de la vía del amparo luego de que el juez federal Pablo Quirós rechazara la presentación realizada por Ecogas contra el Estado nacional.
La distribuidora pretendía obtener una respuesta judicial por las demoras registradas en el pago de las compensaciones correspondientes al régimen de Zona Fría. La empresa sostuvo que esos retrasos provocaron un desbalance financiero que complicó sus compromisos con productores y transportistas de gas.
Para el magistrado, sin embargo, el conflicto no podía resolverse mediante un procedimiento de carácter excepcional como el amparo. El expediente presenta, según el fallo, cuestiones administrativas y técnicas que requieren una investigación más amplia.
La Justicia tuvo en cuenta que el esquema de compensaciones no depende de un único organismo. En el proceso intervienen la Secretaría de Energía, Enargas y el Banco Nación, dentro del funcionamiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Además, la documentación incorporada al expediente no permitió establecer con suficiente certeza cuál era el monto efectivamente adeudado ni atribuir los retrasos a una dependencia estatal determinada. Una pericia contable confirmó que existieron demoras en los reintegros, pero no alcanzó para determinar una responsabilidad jurídica concreta.
Quirós también concluyó que la situación planteada por Ecogas no demostraba una amenaza inmediata sobre la prestación del servicio. Por ese motivo, consideró que no estaban dadas las condiciones para utilizar el amparo y resolvió rechazar la acción, con costas para la distribuidora.
El fallo se produce en un momento de discusión política sobre el futuro de Zona Fría. En el Congreso avanza una iniciativa que busca modificar el alcance del beneficio en Mendoza y dejar exceptuado únicamente a Malargüe.
El régimen contempla descuentos en las facturas de gas para usuarios residenciales de determinadas zonas. Las distribuidoras reciben posteriormente una compensación por la diferencia entre el precio que abona el usuario beneficiado y el valor correspondiente a la tarifa plena.