Cambios en la Policía: la Provincia amplía facultades de intervención
La provincia de Mendoza avanzó con una reforma integral del sistema policial tras la entrada en vigencia de la Ley 9700, que introduce cambios en la Ley 6722 y redefine distintos aspectos del accionar de las fuerzas de seguridad.
La nueva normativa establece una ampliación de los supuestos en los que los efectivos pueden hacer uso de armas de fuego. Además de la legítima defensa, se incorporan escenarios vinculados a amenazas de muerte o lesiones graves, la necesidad de impedir delitos de alta gravedad y la detención de personas que, en esas condiciones, se resistan a la autoridad.
También se actualiza la definición de “peligro inminente”, incorporando situaciones como la portación de armas reales o imitaciones con apariencia letal, intentos de fuga luego de hechos violentos y conductas que permitan presumir un uso inmediato de armamento.
Otro de los puntos destacados es la creación de un régimen de protección administrativa para el personal policial. Bajo este esquema, no podrán aplicarse sanciones disciplinarias cuando la intervención sea considerada, en principio, ajustada a derecho, hasta que exista una resolución judicial firme.
En paralelo, la ley incorpora nuevas funciones para la Policía provincial, vinculadas a la prevención en espacios públicos, tareas de vigilancia, protección de autoridades y resguardo de bienes del Estado.
El Gobierno provincial sostiene que la reforma busca fortalecer el respaldo legal de los efectivos en situaciones críticas, mientras que algunos sectores advierten que la amplitud de los conceptos podría generar interpretaciones judiciales divergentes.