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Bonos, paritarias y un salario de $1 millón: la apuesta del Gobierno para reactivar el consumo

El Gobierno analiza una nueva vía para apuntalar el poder de compra sin acelerar la inflación: promover acuerdos salariales que permitan llevar los ingresos hasta $1.000.000, pero mediante mecanismos que no impacten directamente sobre los porcentajes de aumento.

La propuesta que impulsa la Secretaría de Trabajo contempla incorporar bonos no remunerativos en los convenios colectivos, con el objetivo de complementar los salarios sin superar la referencia del 2% de incremento mensual que pretende sostener el Ejecutivo. La estrategia forma parte de un escenario en el que el consumo continúa debilitado y los ingresos todavía no recuperan los niveles previos.

Según los últimos datos del INDEC, los salarios privados registrados aumentaron 1,9% en junio, por debajo de la inflación de ese mes. En términos reales, permanecen 3,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023, una pérdida que impacta directamente sobre la capacidad de compra de los trabajadores.

El planteo oficial apunta a que la mejora salarial sea absorbida por empresas y sindicatos mediante las negociaciones paritarias, sin desembolso de fondos públicos. Desde el Gobierno sostienen que limitar los aumentos porcentuales y recurrir a sumas adicionales permitiría mejorar los ingresos sin trasladar ese costo a los precios.

La propuesta, sin embargo, genera resistencia en la CGT, que cuestiona la existencia de un techo para las negociaciones. Los gremios sostienen que los salarios deberían discutirse libremente y recuerdan que habían planteado como referencia una canasta básica de $1.560.000 por familia.

La discusión cobra especial relevancia ante la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, prevista para este viernes a las 12:30. El encuentro llega con posiciones alejadas entre sindicatos y empresarios y con otro punto de conflicto: el Gobierno pretende realizarlo de manera virtual, mientras que las centrales obreras reclaman una reunión presencial.

El salario mínimo vigente es de $376.600 mensuales y $1.883 por hora, un valor que quedó muy por debajo del costo de vida. En este contexto, la nueva estrategia oficial busca que las paritarias funcionen como una herramienta para recomponer ingresos y, al mismo tiempo, evitar que una suba generalizada de salarios presione sobre la inflación.

Para la CGT, en cambio, la propuesta oficial no alcanza para resolver el deterioro salarial. El Gobierno deberá ahora intentar que empresas y sindicatos acepten un esquema que permita elevar los ingresos sin convertir esa mejora en un nuevo factor de presión sobre los precios.