Avanza la judicialización contra padres antivacunas en la provincia

Mendoza avanza con una estrategia más firme para asegurar que se cumpla el calendario obligatorio de vacunación infantil. En ese marco, desde fines del año pasado se iniciaron 28 acciones legales contra padres que rechazaron de manera persistente inmunizar a sus hijos.

La iniciativa surge a partir de una normativa provincial vigente desde agosto, que refuerza la intervención estatal frente a situaciones de incumplimiento. El trasfondo es sanitario: evitar el resurgimiento de enfermedades prevenibles que en los últimos meses mostraron señales de reaparición.

Antes de llegar a la instancia judicial, el sistema prevé un proceso previo de concientización. Las familias son convocadas por equipos médicos, reciben información detallada y disponen de un plazo para completar las dosis faltantes. Parte de los casos se resolvió en esta etapa, con padres que finalmente accedieron a vacunar.

Cuando la negativa se mantiene, el caso escala a organismos técnicos y puede derivar en sanciones dentro del ámbito contravencional, en línea con la normativa vigente que prioriza la salud pública.

En simultáneo, se encendieron alarmas por una situación irregular detectada en el Gran Mendoza. Un trabajador de la salud quedó bajo investigación tras sospechas de haber facilitado certificados de vacunación sin respaldo real, lo que habría permitido registrar como inmunizados a menores que no recibieron las dosis.

El hecho fue advertido al analizar inconsistencias en los registros oficiales, lo que derivó en una investigación interna y una causa judicial. Desde el Ministerio de Salud calificaron el episodio como grave, ya que compromete la confiabilidad del sistema y expone a la población a riesgos evitables.