El Gobierno busca revertir en la Corte el freno judicial a la reforma laboral
El Gobierno nacional resolvió llevar directamente a la Corte Suprema la disputa judicial por la Ley 27.802 de Modernización Laboral, luego de que una medida cautelar dejara en suspenso parte de su contenido. A través de la Procuración del Tesoro, solicitó la intervención inmediata del máximo tribunal mediante un recurso de per saltum.
La administración nacional pretende que la Corte revierta la resolución que paralizó 83 artículos de la norma y restablezca su aplicación mientras continúa el proceso judicial. Según el planteo oficial, el fallo fue dictado por un magistrado sin competencia y sin que existiera un caso concreto que justificara esa decisión.
El conflicto comenzó tras una presentación de la CGT, que objetó distintos cambios introducidos por la ley al considerar que afectan garantías laborales y derechos sindicales. A raíz de ese reclamo, el juez laboral Raúl Horacio Ojeda dispuso una suspensión provisoria con efectos generales.
Desde el Ejecutivo cuestionan que la central sindical no demostró daños específicos ni tendría facultades para representar al conjunto de los trabajadores del país en esa causa. Además, remarcan que el expediente debería tramitar en el fuero federal, ya que involucra al Estado nacional y una norma de alcance general.
En su escrito, el Gobierno advirtió que mantener vigente esa cautelar genera inseguridad jurídica y altera el equilibrio entre poderes del Estado. Por ese motivo, insistió en que la Corte intervenga sin demoras para definir la validez de la medida y el futuro de la reforma laboral.