Elecciones 2027: el Gobierno frena la privatización del Correo Argentino
El Gobierno decidió poner en pausa la concesión del Correo Argentino y concentrar sus esfuerzos en otros procesos de privatización que considera más urgentes. La proximidad de las elecciones de 2027 modificó los tiempos previstos para la empresa estatal, que tiene un papel clave en la logística electoral.
La decisión no implica abandonar el proyecto. El Ejecutivo mantiene el objetivo de avanzar hacia una nueva concesión del servicio postal, pero por ahora no definió cuándo convocará a la licitación. Los equipos técnicos continúan trabajando en el diseño del esquema, aunque la operación del Correo durante los próximos comicios se convirtió en el principal condicionante.
El motivo es concreto: la empresa participa en buena parte de la logística de las elecciones. Entre sus tareas están el traslado de urnas y documentación, la distribución de materiales y la transmisión de telegramas. Cualquier cambio de operador requiere, por lo tanto, una planificación que no interfiera con el armado electoral.
En la Casa Rosada analizan distintas alternativas para evitar ese problema. Una posibilidad es avanzar con la adjudicación y dejar el traspaso para después de las elecciones de 2027, aunque esa opción todavía no fue confirmada oficialmente.
El freno supone un cambio respecto del calendario que manejaba inicialmente el Ejecutivo. La intención era tener encaminado el proceso durante el primer trimestre de 2026, pero los plazos se fueron extendiendo y la concesión perdió espacio frente a otras iniciativas.
La agenda de privatizaciones, de todos modos, continúa activa. El Gobierno avanzó con Belgrano Cargas, cuya concesión contempla 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias durante 50 años. También adjudicó nuevos tramos de Corredores Viales y mantiene en marcha el proceso relacionado con AySA.
Mientras espera una definición sobre su futuro, el Correo atraviesa una etapa de reestructuración. Para 2026 proyecta ingresos por $774.126 millones y gastos por $720.308 millones, lo que arroja un resultado económico positivo de $53.818 millones. Además, la empresa estima aportar $60.000 millones al Tesoro y no recibir transferencias corrientes de la Administración Nacional.
La compañía también mantiene un programa de reducción de gastos y modernización, con $34.745 millones previstos para inversiones. El plan incluye automatización de la clasificación, sistemas de trazabilidad, mejoras tecnológicas y una ampliación de la red de “Puntos Correo”.
El ajuste también impactó en la cantidad de trabajadores. Tras cerrar 2025 con 11.676 empleados, la empresa proyecta terminar 2026 con 11.436.
Así, el futuro del Correo quedó atado a un calendario que excede la discusión sobre su modelo de gestión. El Gobierno deberá definir primero cómo garantizará la logística electoral de 2027 y recién después determinará cuándo y bajo qué condiciones retomará la concesión.