Santa Cruz: volvió a entrar en vigencia la reforma de la Ley de Glaciares
La Justicia federal revirtió este lunes la suspensión que pesaba sobre la reforma de la Ley de Glaciares y habilitó nuevamente su aplicación en Santa Cruz, en medio de la disputa judicial impulsada por dirigentes políticos y autoridades de El Calafate.
La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que dejó sin efecto la cautelar dictada semanas atrás por un juzgado de Río Gallegos. En su resolución, los camaristas entendieron que no existían pruebas suficientes para demostrar un daño ambiental inmediato derivado de la nueva normativa aprobada por el Congreso.
El reclamo había sido presentado por representantes políticos santacruceños, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma y solicitaron frenar sus efectos hasta que se resolviera la causa principal. El juez de primera instancia había aceptado ese pedido y ordenado al Estado nacional suspender la aplicación de los cambios dentro de la provincia.
No obstante, la Cámara concluyó que aquella resolución se basó en escenarios eventuales y no en riesgos comprobados. Los magistrados señalaron que el fallo original no precisó de qué manera concreta la reforma afectaría a los glaciares ni explicó cuáles serían los perjuicios ambientales inmediatos.
También remarcaron que la modificación legal no implica, por sí sola, la autorización automática de proyectos extractivos o actividades prohibidas. Según indicaron, cualquier iniciativa futura deberá cumplir controles técnicos, evaluaciones ambientales y mecanismos de participación pública antes de avanzar.
En paralelo, los jueces recordaron que continúan vigentes otras herramientas de protección ambiental tanto a nivel provincial como nacional, especialmente en áreas comprendidas dentro de parques y reservas naturales.
Además de analizar el aspecto ambiental, el tribunal cuestionó la forma en que se llevó adelante el expediente judicial. Entre otras observaciones, indicó que el proceso no fue encuadrado correctamente como causa colectiva y que la resolución apelada presentaba deficiencias en su fundamentación.
Tras el fallo de la Cámara, la reforma recuperó vigencia plena mientras continúa abierta la discusión judicial sobre la validez constitucional de los cambios incorporados a la Ley de Glaciares.