Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito
La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni avanzó con nuevas medidas impulsadas por la fiscalía tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko. El fiscal Gerardo Pollicita pidió levantar el secreto fiscal y bancario tanto del funcionario como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, con el fin de examinar en detalle su patrimonio.
La solicitud, que tramita ante el juez Ariel Lijo, apunta a acceder a movimientos financieros, cuentas, créditos, consumos y posibles operaciones en billeteras virtuales. A su vez, se requirió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para reconstruir la evolución de los ingresos y bienes de la pareja desde el ingreso de Adorni a la función pública.
El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien detectó presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario.
Uno de los ejes centrales de la investigación es la compra de un departamento en Caballito realizada en noviembre de 2025. La operación, declarada en 230.000 dólares, despertó sospechas no solo por el valor, sino también por las condiciones de pago: Adorni habría abonado 30.000 dólares y acordado saldar el resto —unos 200.000— un año después y sin intereses.
Ese esquema fue uno de los puntos sobre los que la escribana Nechevenko no brindó precisiones en su declaración. Ante la Justicia, evitó explicar el origen de los fondos o cómo se estructuró el acuerdo entre las partes. Un día después, regresó por iniciativa propia a los tribunales de Comodoro Py, donde entregó su teléfono celular y realizó aclaraciones, aunque sin hacer declaraciones públicas extensas.
En paralelo, el exfutbolista Hugo Morales, quien había sido dueño del inmueble, confirmó que lo vendió en abril de 2024 por 200.000 dólares debido a su deterioro. También mencionó la presencia de dos jóvenes durante la operación, uno de ellos identificado como Pablo Martín Feijoo, quien figura como quien realizó la reserva y deberá declarar ante la fiscalía.
Como parte de las medidas de prueba, se realizaron además procedimientos en la inmobiliaria que intervino en la venta, con el objetivo de recolectar documentación clave como tasaciones, publicaciones, contratos, comprobantes de pago y registros de comunicación.
Con estas acciones, la investigación busca determinar si la operación inmobiliaria y el crecimiento patrimonial del funcionario guardan relación con sus ingresos declarados o si existen indicios que confirmen las sospechas planteadas en la denuncia.