El proyecto de Defensa de Milei vuelve a comisión sin consenso para avanzar
Las facultades que el Gobierno pretende otorgar al Poder Ejecutivo y los nuevos delitos vinculados con la seguridad nacional se convirtieron en los principales obstáculos para avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa volverá este miércoles a las comisiones de la Cámara de Diputados, en medio de cuestionamientos de la oposición, organismos de derechos humanos y sectores de la propia alianza oficialista.
La discusión excede la protección de los recursos argentinos en las Islas Malvinas. Aunque el proyecto establece penas de hasta 20 años de prisión por la explotación no autorizada de recursos naturales y amplía las sanciones a quienes colaboren con esas actividades, también introduce cambios en Defensa, Inteligencia y Seguridad que generan fuertes diferencias políticas.
Uno de los artículos más cuestionados es el 111, que contempla penas de prisión para quienes reciban financiamiento o actúen por cuenta de organizaciones extranjeras para alterar elecciones, impulsar campañas de desinformación o promover actos de violencia y sabotaje. Legisladores opositores y aliados del oficialismo reclaman eliminar esa disposición por los riesgos que, según advierten, representa para la libertad de expresión y el trabajo periodístico.
Unión por la Patria propone limitar el proyecto a las medidas destinadas a proteger los recursos naturales y castigar su explotación sin autorización argentina. De esa manera, busca excluir las modificaciones relacionadas con la seguridad interior y la reorganización de los organismos estatales.
Otro punto de conflicto es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, con participación de ministros y organismos de inteligencia. La iniciativa le permitiría coordinar acciones en distintas áreas y disponer medidas extraordinarias ante amenazas graves e inminentes, como bloquear activos, restringir operaciones financieras y comerciales o suspender determinadas autorizaciones.
El texto también habilita, bajo protocolos específicos y como último recurso, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles. A su vez, redefine las funciones de la Defensa Nacional para permitir su intervención en situaciones de seguridad interna ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertaron que la propuesta concentra poder en el Ejecutivo y utiliza definiciones demasiado amplias sobre terrorismo y amenazas externas. El organismo considera que esa falta de precisión podría facilitar medidas arbitrarias y restringir derechos civiles y políticos.
Frente a las diferencias, el oficialismo todavía no cuenta con los acuerdos necesarios para firmar dictámenes. Martín Menem, titular de la Cámara baja, además dejó el proyecto fuera de la sesión prevista para el 21 de octubre, una decisión que habilita nuevas negociaciones antes de su tratamiento en el recinto.
La iniciativa incluye, además, un registro público de infractores por explotación ilegal de recursos naturales, la posibilidad de juicios en ausencia y restricciones a los aportes de determinados extranjeros y entidades jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales. Su futuro legislativo dependerá de la capacidad del Gobierno para resolver las objeciones sin desarmar los cambios centrales que pretende introducir.