MENDOZA

El Gobierno de Mendoza intervino la Federación de Bomberos Voluntarios por irregularidades

La Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios quedó bajo intervención del Gobierno de Mendoza, que desplazó a sus autoridades y designó a un nuevo responsable para conducir la entidad durante los próximos seis meses.

La medida fue dispuesta por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, mediante el decreto N° 2146, firmado el 7 de octubre. La intervención tendrá carácter pleno y comenzará formalmente cuando el interventor asuma sus funciones.

El encargado de llevar adelante este proceso será Sergio Fabián Quinzano, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios Ciudad de Mendoza. Su designación fue impulsada por la Dirección de Defensa Civil, que destacó su experiencia dentro de la actividad y que no habría integrado la conducción de la Federación en los últimos años.

El Ejecutivo tomó esta decisión después de que la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público detectara distintas irregularidades en la organización y en algunas asociaciones que la integran. Los antecedentes oficiales también señalan que los intentos previos para lograr la regularización no dieron los resultados esperados.

A esa situación se sumó una virtual acefalía que afectaba la conducción de la Federación. Asociaciones que se encontraban regularizadas habían advertido sobre la falta de una conducción institucional efectiva, uno de los elementos considerados para avanzar con la intervención.

Quinzano tendrá durante este período las atribuciones que corresponden a los órganos de gobierno de la entidad. Su tarea será avanzar en la reorganización administrativa y contable, actualizar el Libro de Registro de Asociados y adecuar el estatuto a las exigencias del Código Civil y Comercial de la Nación.

También deberá realizar las actuaciones necesarias para encaminar la normalización de la Federación bajo las disposiciones de la Ley 9577. El Gobierno remarcó que la intervención es excepcional y temporaria y que no deberá extenderse más allá del tiempo necesario para solucionar los problemas que motivaron la medida.

Al finalizar los seis meses, la situación de la entidad será evaluada en función de los avances alcanzados. La finalidad del proceso es recuperar la normalidad institucional y generar las condiciones para que la Federación vuelva a funcionar con sus autoridades regularmente constituidas.