Créditos impagos: el dato que refleja el fuerte endeudamiento de los estatales
El fuerte crecimiento de la morosidad entre los trabajadores estatales se convirtió en uno de los principales indicadores del deterioro de sus ingresos durante el gobierno de Javier Milei. Un informe elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires señaló que la proporción de empleados públicos con créditos impagos pasó de 5,43% en julio de 2024 a 18,63% en junio de 2026. En apenas dos años, el nivel de incumplimiento se multiplicó 3,4 veces.
El relevamiento también vinculó esta situación con una pérdida del 40,5% en el poder de compra de los salarios estatales. De acuerdo con el estudio, la reducción de los ingresos llevó a numerosos trabajadores a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos como alimentos, alquiler, servicios y medicamentos.
La situación presenta diferencias importantes según la actividad y la región. Entre los organismos de seguridad y defensa, el Ejército registra el mayor porcentaje de incumplimiento, con 30,1%, seguido por el Servicio Penitenciario Federal, con 28,5%, y la Policía Federal, con 24,2%.
En cuanto a las provincias, La Rioja encabeza el nivel de morosidad con 29,38%, seguida por Formosa, con 28,69%, y Santa Cruz, con 28,55%. En el extremo opuesto se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, donde el indicador alcanza 9,56%.
Otro de los datos destacados por ATE es la gravedad de las deudas acumuladas: el 80,7% de los trabajadores que se encuentran en mora está clasificado en categorías de alto riesgo o irrecuperables. El informe advierte que, para ese grupo, los ingresos salariales no serían suficientes para afrontar las obligaciones pendientes.
El endeudamiento también se trasladó hacia entidades financieras y plataformas no bancarias. Mientras el Banco Nación concentra 24.407 deudores y presenta una mora de 8,56%, Naranja Digital registra un incumplimiento del 31,86% y Moni Online alcanza el 60,53%.
El grupo más afectado por el sobreendeudamiento está compuesto por casi 9.800 trabajadores civiles de entre 36 y 55 años, una franja en la que suelen concentrarse mayores responsabilidades familiares.