La ciberseguridad ya es política de Estado en Mendoza: Diputados aprobó la ley
La seguridad digital pasó a ocupar un lugar dentro de la estructura formal del Estado mendocino. La Cámara de Diputados convirtió en ley este martes el proyecto que establece un sistema provincial destinado a enfrentar amenazas informáticas y proteger los recursos tecnológicos utilizados por los organismos públicos.
La iniciativa consiguió 30 votos afirmativos contra 12 negativos y completó su recorrido legislativo luego de haber obtenido la aprobación del Senado el pasado 11 de agosto. Con esta sanción, Mendoza se transformó en la primera provincia del país en contar con una legislación específica e integral sobre ciberseguridad.
El nuevo esquema no se limita a establecer medidas frente a un ataque. La ley plantea una organización permanente para identificar riesgos, controlar los sistemas y coordinar las acciones cuando se produzca un incidente que pueda afectar el funcionamiento de las dependencias estatales.
Entre las principales herramientas aparece un organismo encargado de definir la estrategia provincial y establecer un plan general de ciberseguridad. También se pondrá en funcionamiento un centro destinado a vigilar los sistemas de manera constante y detectar comportamientos que puedan anticipar una amenaza.
En caso de que un ataque llegue a concretarse, un equipo especializado tendrá la responsabilidad de intervenir, reducir el impacto y colaborar en la recuperación de los servicios afectados. La normativa, además, diferencia las tareas de conducción, operación y control técnico para evitar que todas las funciones queden concentradas en una misma estructura.
La legislación incorpora además un registro específico para documentar los incidentes que se produzcan. Los datos técnicos vinculados con las vulnerabilidades y los ataques serán considerados reservados, con el objetivo de impedir que esa información pueda ser utilizada para facilitar nuevas intrusiones.
El alcance de la ley también llega a las compañías que trabajan para el Estado. Las empresas que proporcionen sistemas, conectividad, almacenamiento u otras soluciones tecnológicas deberán informar cuando detecten fallas o brechas que puedan comprometer la seguridad de la infraestructura pública.
Otro de los puntos previstos es la creación de un mecanismo para que investigadores y ciudadanos puedan comunicar vulnerabilidades encontradas en los sistemas. A esto se sumarán campañas de formación para promover mejores prácticas digitales y reducir riesgos vinculados con fraudes, robo de accesos y suplantación de identidad.
El oficialismo defendió la norma como una actualización necesaria frente al crecimiento de los delitos informáticos y sostuvo que la seguridad pública también debe contemplar la protección del entorno digital. Desde la oposición cuestionaron el proyecto por considerar que todavía existen aspectos que requieren mayor precisión, especialmente en materia de responsabilidades ante filtraciones y en la conformación de los organismos previstos.
Con la aprobación definitiva, Mendoza incorpora la ciberseguridad como una política permanente dentro de la administración pública y establece una estructura específica para prevenir, detectar y responder ante amenazas digitales.