Un proyecto busca medir qué tan transparentes son los organismos públicos de Mendoza
Una nueva propuesta llegó a la Legislatura mendocina con una idea concreta: medir con números qué tan bien cumplen los organismos públicos con sus obligaciones de transparencia.
La diputada provincial Griselda Petri, junto a Ismael Jadur, Jorge Zingaretti, Carlos Ponce, Gustavo Cairo, Alberto López y Raúl Villach, presentó un proyecto para incorporar un sistema de evaluación permanente a la normativa provincial de acceso a la información.
La iniciativa propone crear el Índice Provincial de Transparencia Pública (IPTP), una herramienta que permitiría conocer el desempeño de cada organismo y seguir su evolución con el paso del tiempo.
El proyecto busca que la transparencia deje de evaluarse solamente a partir de la existencia de normas y pase a contar con resultados concretos y comparables.
El futuro índice utilizaría indicadores vinculados con las obligaciones que ya establece la Ley 9.070. La evaluación debería realizarse sobre información verificable y con una metodología común para todos los organismos incluidos.
Entre los aspectos que podrían ser considerados aparecen la información que las instituciones publican, la respuesta a pedidos de acceso a datos públicos, la administración de las políticas de transparencia y la calidad de la información disponible.
Los resultados serían difundidos en el Portal de Transparencia de Mendoza, con datos generales y específicos de cada organismo, además de la comparación con mediciones anteriores y posibles recomendaciones.
Uno de los puntos destacados de la propuesta es que el IPTP no agregaría nuevas obligaciones ni establecería castigos para los organismos. Tampoco implicaría crear una nueva dependencia estatal.
La medición alcanzaría a los municipios que hayan adherido a la Ley 9.070. Para organismos con autonomía funcional, como la Justicia, la Legislatura, Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuentas, se prevén mecanismos específicos de colaboración.
Si el proyecto se transforma en ley, durante los primeros dos años se realizaría una evaluación por año. Desde el tercer período, el control pasaría a ser semestral.
La autoridad encargada de aplicar la norma dispondría de 120 días para definir los indicadores y el sistema de evaluación. La primera medición debería concretarse dentro de los seis meses posteriores.
Petri defendió la iniciativa con una premisa: para fortalecer la confianza ciudadana no alcanza con establecer reglas de transparencia, sino que también es necesario comprobar periódicamente si se cumplen.
El proyecto toma como referencia experiencias implementadas a nivel nacional y busca establecer en Mendoza un mecanismo oficial y permanente para conocer el grado de cumplimiento de las políticas de acceso a la información pública.