La Corte Suprema rechazó planteos del Ejecutivo en la causa universitaria
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó dos planteos presentados por el Poder Ejecutivo en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario (Decreto 759/25), al considerar que el recurso extraordinario no estaba dirigido contra una sentencia definitiva ni equiparable, requisito exigido por la Ley 48.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firme la orden que obliga al Estado nacional a avanzar con la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la actualización salarial del personal docente y no docente y a la recomposición de programas del sistema universitario.
La presentación había sido realizada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a universidades nacionales.
El conflicto se originó a partir del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno dispuso que la ley solo podía ejecutarse una vez definidas las fuentes específicas de financiamiento, lo que fue cuestionado en sede judicial.
En instancias anteriores, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ya había ordenado la aplicación inmediata de la norma y advirtió que su incumplimiento podía generar un deterioro salarial y afectar el derecho a enseñar y aprender.
La Corte también desestimó un pedido de excusación en el expediente y dispuso que el Estado cumpla con el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en línea con lo resuelto previamente en la causa.