El Senado debatirá hoy tierras para extranjeros, desalojos exprés, manejo del fuego y fondos buitres
El Senado tendrá este jueves una sesión atravesada por proyectos económicos y de reforma estatal impulsados por el Gobierno nacional. Entre los temas más relevantes aparece una iniciativa sobre propiedad privada que propone flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y crear mecanismos más rápidos para desalojar inmuebles usurpados.
La convocatoria fue acordada entre La Libertad Avanza y bloques aliados, y comenzará a las 11. En la misma jornada también se debatirá el pago de U$S 171 millones a fondos buitres, además de un paquete de pliegos judiciales y proyectos vinculados a la Justicia Federal.
La propuesta elaborada por el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, sufrió varios cambios antes de llegar al recinto. Entre las modificaciones más importantes se eliminó el capítulo relacionado con barrios populares y se reformularon aspectos vinculados a extranjerización de tierras, desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
Uno de los puntos más discutidos es la eliminación de límites para que empresarios extranjeros puedan adquirir tierras rurales en el país. El texto establece que las provincias conservarán el control sobre sus territorios y deberán autorizar las operaciones siempre que no participen Estados extranjeros.
A su vez, continuará la prohibición para gobiernos extranjeros, compañías estatales o fondos donde un país tenga participación mayoritaria o influencia en las decisiones societarias.
En materia de desalojos, el proyecto diferencia los casos de usurpación de los conflictos tradicionales entre propietarios e inquilinos. Para las ocupaciones ilegales se implementará un sistema abreviado de desalojo, mientras que para contratos de alquiler se mantendrán las instancias de intimación previstas actualmente.
La iniciativa establece que el propietario deberá intimar el pago de la deuda mediante una notificación formal y el inquilino tendrá 10 días para regularizar la situación. Si no cumple, podrá iniciarse un juicio de desalojo por una vía rápida con plazos abreviados de 10 días hábiles.
Otro capítulo apunta a limitar el alcance de las expropiaciones. El proyecto sostiene que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse con criterio restrictivo y que el Estado tendrá que justificar detalladamente los motivos de cada medida.
Además, se incorporó un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante y se definió un nuevo esquema de intereses basado en el Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a 30 días.
En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego, el texto elimina la restricción que impedía modificar durante 30 años el uso de tierras rurales incendiadas en zonas productivas y periurbanas.
Para los bosques nativos seguirá vigente la prohibición de cambiar el destino de los terrenos afectados por incendios, aunque se elimina el plazo de 60 años que figuraba en la legislación anterior.
Otro de los temas centrales de la sesión será el acuerdo con dos fondos buitres para evitar nuevos litigios contra el país y proteger activos argentinos en el exterior, como las acciones de YPF.
El Gobierno busca autorización legislativa para pagar U$S 67 millones a Bainbridge Ltd. y otros U$S 104 millones al grupo Attestor Value Master Fund LP. El objetivo es cerrar las demandas judiciales abiertas por títulos de deuda emitidos antes de 2002.
Según el acuerdo, los acreedores entregarán los bonos involucrados en los litigios y, una vez realizado el pago, Argentina podrá avanzar en la cancelación definitiva de las causas judiciales vinculadas a esos activos financieros.