Media sanción en Diputados a la ley para recuperar casas del IPV
La Legislatura mendocina avanzó este miércoles con un proyecto impulsado por el Gobierno provincial para endurecer los controles sobre las viviendas sociales adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La propuesta recibió media sanción en Diputados y apunta a acelerar los procedimientos para recuperar inmuebles en casos de mora, abandono o incumplimientos de las condiciones de uso.
La iniciativa surgió en medio de las acciones que ya comenzó a desarrollar el IPV contra unos 50 adjudicatarios que acumulan más de 7 años sin pagar las cuotas de sus viviendas. Con la aprobación en la Cámara Baja, el expediente continuará ahora su tratamiento en el Senado.
El oficialismo logró reunir el respaldo de la mayoría de los bloques legislativos, aunque el peronismo rechazó la propuesta por considerar que no diferencia entre quienes incumplen deliberadamente y quienes atraviesan dificultades económicas que les impiden afrontar los pagos.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma permitirá agilizar la recuperación de casas que hoy no están siendo utilizadas de acuerdo con el objetivo social para el que fueron construidas. También remarcaron que existen numerosas familias esperando acceder a una vivienda y que el Estado necesita contar con mecanismos más rápidos para reasignar esos inmuebles.
Durante el debate, el titular de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, defendió la medida y señaló que hay viviendas del IPV desocupadas o en manos de personas que no cumplen con las obligaciones asumidas al momento de la adjudicación. Según afirmó, el objetivo es que esas propiedades vuelvan a incorporarse rápidamente al sistema para beneficiar a quienes permanecen en lista de espera.
En los fundamentos del proyecto se destacó que la política habitacional provincial se basa en el principio de función social de la propiedad. Bajo ese criterio, las viviendas financiadas por el Estado deben destinarse efectivamente a resolver necesidades habitacionales y no a otros fines.
Además, el texto advierte que el IPV detectó distintos casos de mora prolongada y abandono de inmuebles, situaciones que derivaron en procesos de desadjudicación. Frente a ese escenario, el Gobierno busca dotar al organismo de herramientas legales más ágiles para recuperar las propiedades y volver a entregarlas.
La diputada radical Melisa Martínez Malanca fue una de las principales voces a favor de la iniciativa. La legisladora aseguró que el proyecto permitirá al IPV iniciar acciones de desalojo una vez concretada la desadjudicación y afirmó que se trata de una medida orientada a proteger el acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables.
También respaldaron la propuesta legisladores de otros espacios aliados. Desde el PRO, Cintia Gómez sostuvo que el proyecto apunta a fortalecer la institucionalidad y garantizar el cumplimiento de las reglas. Gustavo Cairo, de Mendocinos por La Libertad, afirmó que resulta injusto que haya personas esperando una vivienda mientras algunos adjudicatarios no cumplen con el pago de las cuotas.
En tanto, María Fernanda Kaufman, de La Libertad Avanza, consideró que el Estado debe administrar con responsabilidad los recursos públicos y garantizar que las viviendas sociales lleguen a quienes realmente las necesitan.
Las críticas llegaron desde el bloque peronista. Lucas Ilardo reclamó que se diferencie entre quienes no pagan por necesidad económica y aquellos que utilizan las viviendas para alquiler u otros fines. Germán Gómez cuestionó que el proyecto “generalice situaciones” y advirtió que no contempla las realidades particulares de cada familia.
Por su parte, Verónica Valverde explicó que el PJ decidió no acompañar la iniciativa porque, según indicó, las propuestas planteadas por la oposición no fueron incorporadas al texto final.